En el marco del trabajo de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, el Gobierno presentó el Estudio Jurisprudencial sobre el delito de Trata de Personas, un insumo inédito que sistematiza y analiza la jurisprudencia nacional desde la entrada en vigencia de la Ley 20.507, con el objetivo de fortalecer la persecución penal y el diseño de políticas públicas frente a este grave delito.
El estudio fue elaborado en el contexto del Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas 2023–2026, específicamente en el eje de persecución y control del delito, y es el resultado de un trabajo interinstitucional coordinado por la Subsecretaría de Seguridad Pública, con la participación del Ministerio Público y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
La investigación analiza 25 casos y 27 sentencias dictadas por Tribunales de Juicio Oral en lo Penal entre 2011 y julio de 2025, permitiendo identificar criterios jurisprudenciales relevantes sobre los elementos del tipo penal, los medios comisivos, las finalidades de explotación, el consentimiento de la víctima, la reiteración del delito y el abordaje de casos que involucran a niños, niñas y adolescentes, incorporando además un enfoque de género.
En el análisis cuantitativo, se desprendió que 15 de las causas judicializadas corresponden a finalidad de explotación sexual y 10 a trabajo forzoso. En las causas analizadas se identificaron un total de 65 personas acusadas. Por el lado de las víctimas se contabilizaron un total de 145 personas, 57 correspondientes a trata de personas con finalidad sexual y 88 con finalidad de trabajo forzoso.
La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, relevó la importancia de abordar la trata de personas desde una perspectiva de derechos humanos y género. “La trata de personas es una de las formas más graves de violencia y vulneración de derechos humanos, y afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas y adolescentes. Como Estado, tenemos el deber de prevenir este delito, pero también de proteger y acompañar a las víctimas, asegurando una atención digna, integral y con enfoque de género. Por eso, instancias como la Mesa Intersectorial contra la Trata de Personas son fundamentales para enfrentar este delito de manera coordinada”.
El subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, señaló que “contar con este tipo de insumos es fundamental para fortalecer la persecución penal en el delito de trata de personas, orientar la capacitación de los operadores del sistema de justicia y mejorar el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. Quiero destacar especialmente el carácter interinstitucional de este trabajo, desarrollado en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público. Este esfuerzo refleja una convicción central de nuestra política de seguridad: ningún fenómeno complejo se enfrenta desde una sola institución”.
El director nacional del INDH, Yerko Ljubetic indicó La trata de personas con fines de explotación sexual o laboral es uno de los crímenes más atroces que pueden cometerse contra los derechos de las personas (…) Hoy día hemos tenido la oportunidad de ver un producto de esa mesa que es una publicación sobre la jurisprudencia en relación a las 25 sentencias que han recaído sobre juicios relativos a trata de personas. De allí se pueden extraer conclusiones muy importantes acerca de cuáles son las tendencias jurisprudenciales y sobre todo cuáles son los mecanismos judiciales más eficientes para combatir este flagelo”.
Puedes consultar el estudio en el siguiente enlace.
