La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, presentó en la Cámara de Diputados el Plan de Seguridad Pública, con tres objetivos prioritarios: recuperación del control territorial por parte del Estado, aumento de la eficacia policial y del sistema de persecución criminal, y fortalecimiento institucional.
Durante su exposición, la ministra detalló medidas concretas para intervenir fronteras, rutas, calles, cárceles, puertos y territorios tomados por bandas criminales, además de reforzar la inteligencia policial, modernizar la tecnología de persecución del delito y avanzar en nuevas herramientas legales para combatir la delincuencia.
La iniciativa contempla además siete ejes estratégicos, entre ellos el combate al crimen organizado y terrorismo, recuperación territorial, prevención integral del delito, fortalecimiento policial, análisis criminal y coordinación con municipios, seguridad privada y sociedad civil, y nuevos desafíos ministeriales.
Además, la ministra Trinidad Steinert destacó que, en dos meses de gestión, el Gobierno ha comenzado a mostrar resultados concretos en materia de control territorial y combate al crimen organizado. Entre las principales cifras, se informó la realización de más de seis operativos conjuntos entre Carabineros y la PDI, que permitieron la detención de cerca de 7 mil personas en todo el país, junto con históricas incautaciones de droga y contrabando. Destaca la mayor incautación de marihuana en 25 años —casi cinco toneladas en una sola operación— y el decomiso 2 millones de cajetillas de cigarrillos, acumulando 5,4 millones, valorizados en más de $14 mil millones que dejaron de financiar estructuras criminales.
En materia de recuperación territorial, el Gobierno relevó el ingreso conjunto de policías y Ejército a Temucuicui, operativo calificado como “un antes y un después” en la presencia del Estado en zonas complejas. A ello se suman controles migratorios intensivos en Cerro Chuño, La Vega Central y la toma El Boro, además de acuerdos internacionales con el FBI y con gobiernos de Argentina y Bolivia para fortalecer la cooperación fronteriza. Paralelamente, se anunció una inversión de $4.800 millones para equipamiento de Carabineros, el reforzamiento de la seguridad escolar y el impulso legislativo de nuevas herramientas contra la delincuencia, con cuatro proyectos enviados al Congreso, entre ellos está la ley Sin Escape, uno de ellos es el que permite agravar penas para quienes cometen delitos en establecimientos educacionales, otro es la ley de Convivencia Escolar, y urgencia renovada a diez iniciativas en materia de seguridad pública.
A continuación detallamos los tres objetivos expuestos por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert:
1. El Estado recupera el control territorial
Se ejecuta simultáneamente en seis dimensiones:
• Control de fronteras: durante años las fronteras del norte operaron como zonas de paso libre para droga, armas, trata y migración irregular y un contrabando desbordado. La respuesta incluye vigilancia tecnológica en pasos habilitados y no habilitados, reactivación de la Mesa Nacional de Seguridad Fronteriza, cooperación con países vecinos y con Estados Unidos, y resguardo estratégico del Corredor Bioceánico Vial.
• Control de rutas: las carreteras son el sistema circulatorio de la economía y también del crimen organizado (robo de vehículos subió 22% entre 2021 y 2025). La respuesta es el Plan Escudo en Ruta: control vehicular permanente, cercos viales dinámicos, fiscalización interagencial y expansión del SITIA (Sistema Integrado de Teleprotección con IA) a más comunas.
• Control de las calles: presencia policial visible y disuasiva, fiscalización del porte ilegal de armas (subió 92% en armas de fuego y 142% en armas blancas en 4 años), e intervención sobre incivilidades, que no solo degradan los espacios públicos y afectan la calidad de vida de las personas, sino que además son la antesala del delito mayor.
• Control de las cárceles: cuando el crimen organizado opera con autonomía intramuros, el Estado de Derecho pierde todo significado. La reforma constitucional del 9 de abril incorporó Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública. Significa transformarse en Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, fortalecer inteligencia penitenciaria, segregar internos por peligrosidad y buscar a los casi 3.800 prófugos que circulan libremente para que cumplan sus condenas.
• Control de los puertos: son una de las principales rutas del narcotráfico hacia Europa, Estados Unidos y Asia. La respuesta: fiscalización portuaria reforzada, trazabilidad de carga, control tecnológico de contenedores y articulación permanente con la Policía Marítima, Aduanas y la Marina Mercante.
• Control de los territorios tomados: la dimensión más dolorosa, donde el Estado dejó de mandar y mandan las bandas. Requiere intervenciones integrales y sostenidas. La consigna operativa: Recuperamos, Devolvemos y Evitamos su recaptura.
2. Eficacia policial y del sistema de persecución criminal
Convertir detenciones en sentencias. La eficacia se traduce en cuatro exigencias concretas que este Gobierno ya está aplicando: medir, rendir, planificar y coordinar.
3. Fortalecimiento institucional del Estado
El fortalecimiento institucional opera en cinco dimensiones: respaldo político y legal a Carabineros, Policía de Investigaciones, condiciones materiales de las policías, dotación tecnológica, ampliación de facultades legales, y por último, integración de colaboradores e implementaciones de Leyes.
