A poco más de tres meses de su creación, y cumpliendo con los plazos establecidos en la ley, el Ministerio de Seguridad Pública envió para su revisión en la Contraloría General de la República el reglamento que regula las nuevas instancias de coordinación interinstitucional en materia de seguridad.
En particular, el reglamento establece el marco normativo para el funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública, cuyo propósito es fortalecer la acción coordinada del Estado en la prevención y control del delito; regula la organización y funciones del Centro Integrado de Coordinación Policial (CICPOL), instancia técnica que asesora al Ministro o Ministra de Seguridad en la identificación de riesgos, la coordinación de operaciones policiales complejas y el intercambio de información interoperable; y fija los estándares que deben observar los sistemas de intercambio de información entre los actores del Sistema.
El ministro Luis Cordero destacó que “este es un paso fundamental en el nuevo modelo de gestión en seguridad pública. Chile contará con un sistema que permita la coordinación de distintos actores, públicos y privados, para avanzar en políticas de seguridad basadas en evidencia y que, además, facilite la interoperabilidad y cooperación entre las instituciones; pero además permitiendo un intercambio de información de manera segura. Se trata de un cambio sustantivo en la manera en que el Estado de Chile venía gestionando las políticas de seguridad y prevención del delito”.
Según lo señalado en el reglamento, el Sistema de Seguridad Pública estará integrado, entre otros, por los ministerios del Interior; Defensa Nacional; Hacienda; Seguridad Pública; Desarrollo Social y Familia; Justicia y Derechos Humanos; Trabajo y Previsión Social; Salud; Vivienda y Urbanismo; Transporte y Telecomunicaciones; Cultura, las Artes y el Patrimonio; Deporte y Mujer y Equidad de Género, algunos de los servicios e instituciones dependientes de dichos ministerios; Carabineros, Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas.
Además, se definen como instituciones públicas colaboradoras del Sistema al Ministerio Público, los gobiernos regionales, las municipalidades y la Defensoría de la Niñez. Asimismo, contempla la posibilidad de invitar a colaborar a otras entidades, públicas o privadas, que por la información que posean o sus capacidades técnicas puedan contribuir en materias de seguridad y prevención del delito.
En cuanto al Centro Integrado de Coordinación Policial (CICPOL), que estará a cargo de un Oficial General de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, el reglamento detalla sus principios rectores y formas de funcionamiento, reforzando su rol como instancia técnica al servicio del Ministro o Ministra de Seguridad Pública. Su propósito es facilitar una respuesta articulada frente a fenómenos delictuales complejos, fortaleciendo la interoperabilidad entre las policías y el análisis conjunto de información.
